El mandato o poder ¿está aplicado correctamente?

mandato

Luis González Cortezano

 

En esta ocasión, se abordará el tema del ejercicio del mandato, sus implicaciones con la Ley contra el Lavado de Dinero y el Registro Nacional de Poderes Notariales. En principio hay que definir el concepto de mandato y al respecto la doctrina nos dice:

El mandato es un contrato mediante el cual una persona (mandante) confía la gestión de uno o más negocios a otra (man- datario), quien se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera.

Es un contrato consensual, bilateral imperfecto, de buena fe y gratuito. Al mandato se le conoce también como “poder”, nomenclatura que hace referencia precisamente al “acto o instrumento en que consta la facultad que alguien da a otra persona para que en lugar suyo y representándole pueda ejecutar algo”. Se trata de dos expresiones sinónimas, sólo que la voz “mandato” destaca su carácter pasivo (mandato como un deber) y el término “poder” destaca su carácter activo (poder como un derecho).

Ahora bien, la legislación sustantiva civil lo define como un contrato por el cual el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta y nombre del mandante, o sólo por cuenta de éste, los actos jurídicos que le encargue. Puede ser verbal o escrito.

El primero de ellos se otorgará de palabra con o sin testigos, para la realización de actos que no impliquen contenido económico y por supuesto para los cuales la ley no exija mandato escrito.

El segundo de ellos puede otorgarse en escritura pública, en carta poder firmada ante dos testigos y ratificada ante Notario Público y en carta poder simple firmada por el mandante y dos testigos, sin que haya necesidad de ratificarse ante testigos.

Los mandatos pueden ser generales y especiales. Son generales aquellos que se otorgan para pleitos y cobranzas, sin que requieran cláusula especial y se entienden conferidos sin limitación alguna; generales para administrar bienes, debiéndose de expresar que se otorgan con ese carácter, es decir el mandatario tendrá toda clase de facultades administrativas (respecto del área que nos atañe, normalmente este es el que habitualmente se utiliza con el fin u objeto de administrar bienes); generales para ejercer actos de dominio, bastará con que se otorguen dado ese carácter para que el mandatario tenga todas las facultades de dueño.

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