IMPLEMENTACIÓN DE LA FIGURA JURÍDICA DE COSTAS EN MATERIA FISCAL.

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 Introducción :

Como es lógico, por lo menos en derecho privado, la parte que recibe una sentencia favorable, es decir, que se presume que cuenta con la verdad material, debe ser rembolsada de los gastos y costas que le origine el juicio. En materia civil, las costas son: “los gastos que las partes realizan con ocasión y con la finalidad de impulsar el procedimiento antes de comenzar el juicio y durante él”[1]. Sin embargo, para efectos de este trabajo, se interpreta  las costas como los montos lucrativos que reciben los litigantes por llevar el proceso.

 Tratando de localizar la condenación a costas en la antigüedad, el procesalista López del Carril comenta: “Fue la Constitución de Zenón la que innovó en esta materia estableciendo: ‘El juez debe condenar en las costas al vencido’. De allí tomando en principio luego por Justiniano, se establece la noción objetiva de la imposición de costas al vencido por el sólo hecho de serlo, que pasó así a la mayoría o casi totalidad de los procedimientos judiciales de nuestra contemporaneidad”.[2] Es así como ubicamos en el derecho romano, la primera legislación donde se implementa esta figura procesal.

Adentrándonos al espíritu y naturaleza de las costas, podemos comentar que éstas tienen diferentes objetivos, como lo son: el evitar juicios sine iusta causa y en un sentido económico, el rembolso de los gastos causados por honorarios a la parte vencedora en un proceso judicial.

En relación con lo anterior, ¿es viable considerar al Estado como parte en un proceso?

 Los defensores del derecho administrativo clásico, sostienen la postura de que la condena en costas sólo es dable cuando se trata de partes particulares en contienda, y que la autoridad, por tener interés público no tiene calidad de parte, sino la de un ente a la defensa de su patrimonio y su objetivo legítimo: solventar el gasto público; el Estado siempre se ha regido bajo la máxima fiscus gratis litigat, lo cual es bastante criticable ya que, independientemente de que el fisco sea parte o no, el daño que logre hacer en un juicio no lo debe absolver de la responsabilidad de hacer los actos tendientes a regresar al contribuyente el estado patrimonial en el que se encontraba antes de entrar al pleito y viceversa.

Concordamos con Chiovenda cuando expresa que a la parte no la hace el interés que tenga al comparecer en juicio, sino el hecho de pretender en él cosa alguna, ya que independientemente del interés que ésta tenga, los actos que sean declarados ilegales por el tribunal no se sitúan en el ideal de justicia; ya que aquél no debe violar las disposiciones que lo rigen. Sin duda, el Estado debe responder por todo aquello que los funcionarios públicos realicen de manera incompetente, sea cual sea el caso.

Presunción de la buena fe de la administración.

 La Ley Federal de Procedimiento Administrativo  y el Código Fiscal de la Federación, en sus artículos 8 y 68 respectivamente, le dan la presunción a los actos de autoridad de ser ciertos. Es indiscutible y natural la autoprotección que hace la autoridad a sus propios actos, ya que al ser éste un ente que siempre debe actuar de buena fe, sus actos se presumirán ciertos y legales en tanto no se compruebe lo contrario por un tribunal administrativo.

Debido a que la autoridad tiene la obligación de actuar conforme a derecho, en un supuesto ideal, ésta no comete irregularidades, sin embargo, en un plano real esta no está exenta de la comisión de errores técnicos y humanos. Es por lo anterior que no existe razón por la que el contribuyente deba ver reducido su patrimonio derivado de la inexacta o irregular aplicación del derecho por parte de la autoridad.

Indemnización y costas en el Juicio Contencioso-Administrativo.

 

El artículo 6º de la Ley  Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA) obliga a las partes a hacerse responsables de sus propios gastos como regla general, sin embargo, se exceptúa cuando el contribuyente combata resoluciones con propósitos notoriamente dilatorios. Se entiende que el contribuyente tiene esta finalidad cuando al dictarse una sentencia que reconozca la validez de la resolución impugnada, éste se beneficia económicamente por dilación en el cobro, ejecución o cumplimiento, siempre que los conceptos de impugnación en la demanda sean infundados e improcedentes.

En efecto, el mismo artículo señala lo siguiente: Cuando la ley prevea que las cantidades adeudadas se aumentan con actualización por inflación y con alguna tasa de interés o de recargos, se entenderá que no hay beneficio económico por la dilación”.

En ese entendido, en un juicio contencioso administrativo en que se impugnen actos de autoridad que no controviertan el interés fiscal, se pueden dar los propósitos dilatorios mencionados anteriormente,  pues al no tener un quantum fiscal no existen actualizaciones monetarias. Sin embargo, en materia tributaria, tal como lo señala el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, se obliga a que el crédito fiscal sí se actualice por inflación, por lo que no se daría la multicitada causal y no procedería el pago de costas a favor de la autoridad.

El crédito fiscal que sea combatido, lleva implícitamente la actualización,  recargo y la garantía fiscal. Al no declararse la nulidad del acto, el fisco obtiene el total del crédito fiscal más los accesorios respectivos; a resumidas cuentas, el Estado no pierde, teniendo el particular un perjuicio sistemático.

En el citado artículo de la LFPCA, el legislador obliga a la autoridad administrativa a la indemnización de daños y costas al particular cuando ésta dicte resoluciones en las que cometa faltas graves y al mismo tiempo no se allane a las pretensiones del actor en la contestación de demanda.

Entre las faltas graves con mayor concurrencia por parte de la autoridad, están: la ausencia  de la motivación, fundamentación y problemas de competencia; la primera irrumpe directamente en la defensa del gobernado, mientras que la segunda y la ultima, se vinculan a la falta de legalidad en la actuación de la autoridad.

La motivación y fundamentación son violadas frecuentemente, pues por la sobrecarga de trabajo o incompetencia del servidor público, existe un abuso peligroso de formatos o machotes, haciendo de la función pública una tarea metódica y poco cuidada.

Indemnización por facultades discrecionales con fines distintos.

En el tema, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su artículo 51, fracción V, a letra dice: “Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a fines para los cuales la ley confiera dichas facultades”.

Al respecto, el fiscalista Carlos Alberto Ortega Carreón, a propósito de la indemnización   nos señala que: “En el caso del ejercicio de facultades para fines distintos a los que fueron otorgados, esta situación en realidad, más que una causal de nulidad del acto o resolución impugnada, daría a lugar a la responsabilidad penal del funcionario que de manera indebida empleó las atribuciones que la ley le asigna a la función que desempeña, con finalidades distintas a las que la ley le establece, constituyendo el delito de desvío de poder, por lo que de manera indubitable se estaría ante una verdadera posibilidad de obtener una indemnización”.[3]

Entonces, a pesar de ser una falta, ésta es causal de responsabilidad administrativa, en conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, será castigado con la suspensión o destitución del cargo.

 

Efectos derivados de la condenación a costas en materia fiscal.

Analizando los efectos benefactores de la aplicación de la condena a costas, primeramente, limitaría la interposición de demandas absurdas que sólo hacen el estancamiento de la expedición pronta y expedita de justicia en los tribunales administrativos. El actor sabiendo que puede ser condenado al pago de costas, causaría un efecto sicológico negativo por las consecuencias patrimoniales en su perjuicio, y bajarían cuantiosamente las demandas que abiertamente no tienen otros motivos más que la malicia y temeridad.

La Administración Pública Federal al saber que se tiene pérdidas en el erario público por condenación a costas, buscaría la manera de escoger mejor a su personal y al ya existente, capacitarlo exhaustivamente; por lo que sin duda se haría obligatoria una reestructuración integral en el área ejecutora y legal de la Secretaria de Hacienda.

La finalidad de los recursos es combatir actos notoriamente ilegales del Estado con relación a sus subordinados, ya que las resoluciones administrativas no son perfectas ni absolutas, pues muy pocas veces revocan un acto administrativo, siendo éste recurrible en un juicio de nulidad.

 Siendo la Secretaría de Hacienda, juez y parte, daría más importancia a las resoluciones administrativas de los recursos que interpongan los contribuyentes, pues con servidores públicos mejor preparados buscaría, como el insigne fiscalista Emilio Margáin dice: lavar la ropa sucia en casa. La Administración Pública trataría de evitar los procesos contencioso-administrativos, ya que por resoluciones infames, inminentemente sería condenada a resarcir económicamente al particular. Asimismo, la figura de la negativa ficta iría a la baja, ya que la autoridad trataría de resolver prontamente en una posición de mediación sobre sus propios actos, en los plazos que marca la ley.

El tribunal de lo contencioso, al tener menos carga de trabajo por demandas absurdas, tendrá la oportunidad no sólo de resolver cuidadosamente los asuntos que se interpongan, sino que también, de hacerlo de manera pronta y expedita.

Si en un acto administrativo irregular, el contribuyente decide iniciar un proceso contencioso por causarle a éste un perjuicio directo en su patrimonio, se necesita remunerarlo por el hecho de hacerle perder tiempo y dinero. En este caso, si el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resuelve y considera al acto administrativo como  infundado y temerario, debe no sólo beneficiar al contribuyente con la nulidad, sino, restituirlo económicamente, pues consideramos el proceso como la figura jurídica ideal para llegar a la justicia.

Conclusión


Nuestra propuesta radica en la equiparación a las costas en materia civil, es decir, que el vencedor en el juicio, previo incidente de costas, reciba resolución por parte del juzgador donde se condene al vencido a reparar el gasto derivado de la contratación de servicios profesionales a los que se vio obligado a acudir la otra parte para obtener  sentencia favorable.

El órgano jurisdiccional deberá estudiar el incidente de costas a favor de la parte vencedora, resolviendo discrecionalmente si es procedente o no bajo la hipótesis  de lo que considere ad hoc a la ley y a la circunstancia concreta.

La implementación de esta figura, beneficiaria indudablemente diversos aspectos del actuar fiscal, tanto de la secretaria como del contribuyente, purgando así el sistema hacendario. Creemos necesaria la equiparación exacta de esta figura tanto a favor del Estado como en su contra, concluyendo que la manera de actuar en ambas partes, mejoraría indudablemente al existir la posibilidad de ser condenado a reducir su patrimonio por actuar de manera incorrecta.

 

 

 

 BIBLIOGRAFIA
– DE LA GARZA, Sergio Francisco. DERECHO FINANCIERO MEXICANO. Editorial Porrúa, México 2008, edición 28a.
– ORTEGA CARREÓN, Carlos Alberto. DERECHO PROCESAL FISCAL. Editorial Porrúa, México 2009, edición 2da,
-CHIOVENDA, JOSE; LA CONDENA EN COSTAS; Ed. Cardenas; México; 1985
– LÓPEZ DEL CARRIL, JULIO L.; LA CONDENA EN COSTAS; Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires; 1959;
-DE LA GARZA, SERGIO FRANCISCO; DERECHO FINANCIERO MEXICANO; Ed. Porrúa, México, 2003
ALCALA ZAMORA Y CASTILLO, NICETO; Clínica Procesal Ed. Porrúa, México; segunda edición, 1982
LEGISLACIÓN CONSULTADA:
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

AUTORES:

Arturo Cesaretti Cruz
Twitter: @elcesaretti

Miguel Angel Monteverde Avalos
Twitter: @MiMonteverde

 


[1] LÓPEZ DEL CARRIL, JULIO L.; LA CONDENA EN COSTAS; Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires; 1959; pág. 99
[2] LÓPEZ DEL CARRIL, JULIO L.; LA CONDENA EN COSTAS; Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires; 1959; pág. 39
[3] - ORTEGA CARREÓN, Carlos Alberto. DERECHO PROCESAL FISCAL. Editorial Porrúa, México 2009, edición 2da, página 224.

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