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Por: Juan José Salazar

Antes que nada, debemos de tener muy claro que la PTU es una obligación patronal y un derecho para los trabajadores; se establece en el artículo 123 (fracción IX del apartado A, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 117 al 131 de la Ley Federal de Trabajo (LFT) también regulan lo relacionado a este punto.

No en todos los países el sistema de partición de utilidades es obligatorio, por ejemplo en naciones como Canadá, Estados Unidos de América, Inglaterra, Italia, Australia, Nueva Zelanda, Alemania o Francia el sistema toma carácter voluntario o contractual, es decir que dependerá de si el contrato estipula el derecho a recibir este pago, ya que ninguna ley obliga a las empresas o patrones de estos países a otorgar la gratificación.

Caso contrario a Colombia, España, Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil y México en donde será estrictamente obligatorio la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas; curiosamente los países más desarrollados no establecen la obligatoriedad y algunos países subdesarrollados como el nuestro sí. Nuestro vecino del norte fue el pionero en establecer este sistema pero en la actualidad, realmente es un tema banal para los estadounidenses.

En el caso de México, existen muchos acontecimientos que han marcado la evolución de lo que hoy conocemos como la PTU, desde los años 1800 existe como tal pero siempre otorgando al patrón el derecho a decidir el monto, la fecha de entrega e incluso los beneficiarios.

Durante el año de 1856 el legislador liberal Ignacio Ramírez fue un visionario que marcó un antes y un después gracias a su discurso en el que hacía referencia al derecho que los trabajadores debían de tener en la participación de las utilidades; el fragmento es el siguiente:

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